De forma general, el detenido tiene derecho a que se respeten sus decisiones dentro del proceso, que se le brinde durante el tiempo de encarcelamiento buenos tratos, una correcta alimentación, que se le permita comunicar con sus familiares, que se le ofrezca un régimen de visitas con los mismos, que las condiciones de las celdas de prisión provisional sean buenas, que se vele por su salud, que no se le someta a torturas, ni materiales, ni psicológicas. Para que estos derechos se puedan llegar a materializar con eficiencia y eficacia, es imprescindible que la persona contrate los servicios jurídicos urgentes de un abogado experto en la esfera penal.
¿Cuáles son los actos jurídicos que permiten llevar a cabo el derecho a la defensa del encausado?
En primer plano, se encuentra concertar un acuerdo de voluntades que consagre el asesoramiento legal de un letrado, a partir de este, se podrán llevar a vías de hechos los derechos que posee tras encontrarse supeditados a una condición de detención y además poseer la particularidad de ser un sujeto foráneo. De este modo, el abogado al estar a cargo del asunto, interesará todas las cuestiones formales y de derecho del proceso y de los procedimientos interinos penales; o sea, lo relacionado a la justificación y forma de la detención, el pronto establecimiento de comunicación con el consulado del país del que es ciudadano el aprehendido, siendo este un derecho inherente a la personalidad y garantía del cumplimiento de acuerdo entre los Estados.
Durante el acto procesal, en especial en la audiencia o comparecencia final, se debe velar por que se traiga a juicio un intérprete o traductor, para que no existan confusiones al momento de comprender las declaraciones del acusado y demás alegaciones que quisiera realizar; a ese fin, el abogado exige que se redacte un acta que consigne todo lo planteado por su cliente durante el proceso, pero también, se le traduzcan todas las resoluciones que dicte la corte en relación al caso; este tratamiento es dado también para personas con otras dificultades físicas, como poseer problemas de audición o ser mudo.
El abogado mediante actos de imposición o requerimiento al tribunal, procura que se mantenga una comunicación constante con la embajada del sujeto extranjero, que se le permita recibir visitas de sus familiares, y que se advierta en todos los casos, que las sanciones, que posterior al proceso se decida la corte, no pueden estar en discrepancia con los derechos declarados como de orden público por el país del que el individuo es ciudadano, y que en dichas resoluciones judiciales, se debe hacer especial alusión al régimen de extradición y fundamentarlo en virtud de los tratados que se hayan efectuado entre las naciones involucradas.