Abogado de narcos | narcotraficantes detenidos

Abogado de defensa penal criminal para narcotraficantes

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Abogado de defensa penal criminal para narcotraficantes

En primer orden, para que se articule el auxilio por delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes se requiere, que se haya efectuado una detención contra un sujeto, esta puede llevarse a cabo, siempre que existieren elementos que vinculen al individuo con los hechos, o que se su arresto se ejecutara por razón de encontrarlo el órgano policial, cometiendo la conducta ilegal, y porque se recibiera una denuncia que relacione a la persona con el acto ilegítimo. Es muy frecuente también, que la detención se produzca tras un registro domiciliario o personal, en el que se ocupen drogas en elevadas cantidades. Luego, para que la asistencia se conforme a cabalidad y tenga efectos y eficacia jurídica, se requiere el nombramiento de un abogado para que asesore el caso.


¿Qué posibilidades ofrece el sistema jurídico a los detenidos por alucinógenos?
Como garantía a la atención de los derechos de los retenidos, se conforma un sistema judicial, que se caracteriza por ser independiente y por otorgar suma protección a los ciudadanos. De igual manera, si es detenido y no posee recursos económicos para financiarse los servicios jurídicos, se le otorga un abogado de oficio para que ejercite su derecho a ser defendido.


¿Cuáles son los derechos al ser detenidos por posesión y tráfico de sustancias enervantes?
En el supuesto de la posesión de estupefacientes para consumo individual, al momento de ser detenidos, deben exigir que sean pesadas la cantidad de droga ocupada para determinar si es mayor al porciento permitido para el fin de empleo personal, si ciertamente se rebasa o el delito tipificado es el mercadeo de drogas, entonces, deben tener en cuenta algunos puntos a verificar; lo primero es comprobar la autenticidad de la autoridad que realiza el mandato, tener en cuenta que su nombre y datos personales son los reales, y que las causas están perfectamente justificadas.

Tras acceder a dirigirse al centro policial, debe cotejar que su nombre ha sido registrado en el libro de referencia de detenidos, para asegurar su término de arresto. También, tiene que asegurarse que sean depositados los bienes que le fueron despojados, para de este modo formar certeza de su devolución. Sus garantías, del mismo modo, integran la posibilidad de poder comunicarles a sus allegados y familiares la condición bajo la que se encuentra, para que en lo siguiente pueda recibir visitas.

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Lo siguiente, es el derecho a contratar los servicios jurídicos de un abogado de Bufete, especializado en procesos penales. Al encontrarse bajo la representación de este letrado, podrá llevar acabo la comunicación con la corte, o sea, podrá conocer las resoluciones que dicte en relación a su caso e interponer cuando proceda determinadas medidas. Así si el jurista detectara que su retención se ha caracterizado por la ilegalidad, puede interferir para que se le apruebe el recurso de Habeas Corpus, para que de manera inmediata se le conceda la libertad a su representado.

El abogado velará por todas las cuestiones jurídicas, ya sea durante la detención, la etapa investigativa, las declaraciones del encausado y la práctica de la audiencia final de juicio, donde su labor se basa en el tratamiento que se le debe otorgar a su defendido, resaltar pruebas que lo liberen de las imputaciones y como última táctica, de no lograrse la absolución, negociar la imposición de penas con menor severidad.

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En resumen, a los detenidos por gestiones de drogas, les asisten los derechos, a la defensa, a través de la cual se dirigen todas los actos procesales a favor del apresado, a la publicidad del debate, esto significa básicamente, que se le informe de cada decisión tomada por la corte. Le asiste, la posibilidad real de aportar las pruebas que resulte oportunas y necesarias.

Además, tiene la oportunidad de que el fallo de la autoridad judicial recaiga tanto sobre su persona como sobre sus bienes, lo que se negocia por medio del abogado para alcanzar condenas con marco sancionador mínimo o nulo. En cuanto a la estructura funcional de la corte, resulta una garantía y un derecho del ciudadano encausado, que esta esté conformada por varios jueces y un jurado, y que dicha corte haya estado constituida antes de la comisión del delito y a ser juzgado por un juez ordinario y legal.

Lo primordial para el detenido, es su derecho a adquirir el estatus de parte, para de esta forma poder participar en todo el proceso representado por su abogado, acceder a la justicia, lo que se materializa con la proporción no formal, sino material de ser participe en todas la audiencias, el derecho a la última palabra, para resaltar o especificar en la conciencia de los jueces las circunstancias que le favorecen y el derecho a impugnar, visto como la coyuntura de reclamar las resoluciones dictadas por la corte. Del mismo modo le socorre, el derecho de igualdad, a que no se ejerza violencia, ni coacción de ninguna clase y a que se declare sin efectos jurídicos, cualquier acto que se obtuviera producto de estos abusos.